PÁGINAS: 672 | EDICIÓN:   
MATERIA: Penal General
PUBLICADO: Agosto 2018
ISBN: 978-987-30-1300-3
  • Índice general, pág. 7

  • Prólogo, pág. 9

  • CAPÍTULO I
  • LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, por Sandro Abraldes, pág. 19
  • 1. Introducción, pág. 20
  • 2. Los antecedentes nacionales, pág. 20
  • 2.1. El Proyecto Coll-Gómez de Código Penal de 1937, pág. 20
  • 2.2. El Proyecto Peco de Código Penal de 1941, pág. 21
  • 2.3. El Proyecto De Benedetti de Código Penal de 1951, pág. 21
  • 2.4. El Proyecto de Código Penal de 2006. Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma y actualización integral del Código Penal. Resoluciones MJyDH 303/2004, 136/2005 y 736/2006, pág. 22
  • 2.4.1. Aspectos generales, pág. 22
  • 2.4.2. Presupuestos de responsabilidad penal, pág. 23
  • 2.4.3. Ratificación tácita, pág. 23
  • 2.4.4. Las sanciones aplicables, pág. 23
  • 2.4.5. Representación procesal, pág. 25
  • 2.4.6. Independencia de las acciones, pág. 25
  • 2.4.7. Resguardo de los derechos de terceros, pág. 25
  • 2.5. La ley 26.683, pág. 26
  • 2.6. El Anteproyecto de Código Penal elaborado por la Comisión dispuesta por el decreto PEN 678/2012, pág. 27
  • 2.6.1. Consideraciones generales, pág. 27
  • 2.6.2. Presupuestos de responsabilidad penal, pág. 28
  • 2.6.3. El sistema de numerus clausus, pág. 30
  • 2.6.4. Responsabilidad sucesiva, pág. 31
  • 2.6.5. Las cuestiones procesales, pág. 31
  • 2.6.6. El catálogo de penas, pág. 32
  • 2.6.7. El decomiso y la reparación del daño, pág. 33
  • 2.6.8. La aplicación de las sanciones, pág. 33
  • 2.6.9. Pautas para la determinación de las sanciones, pág. 35
  • 2.7. Las leyes especiales, pág. 37
  • 2.7.1. Ley 9643, pág. 38
  • 2.7.2. Ley 11.281, pág. 38
  • 2.7.3. Ley 11.226, pág. 39
  • 2.7.4. Ley 11.683, pág. 39
  • 2.7.5. Ley 12.591, pág. 39
  • 2.7.6. Ley 12.830, pág. 40
  • 2.7.7. Ley 12.906, pág. 42
  • 2.7.8. Ley 13.985, pág. 43
  • 2.7.9. Ley 14.155, pág. 43
  • 2.7.10. Ley 19.359, pág. 44
  • 2.7.11. Leyes 20.680 y 26.991, pág. 44
  • 2.7.12. Ley 22.262, pág. 45
  • 2.7.13. Ley 22.415, pág. 46
  • 2.7.14. Ley 23.544, pág. 49
  • 2.7.15. Ley 24.192, pág. 49
  • 2.7.16. Ley 25.156, pág. 50
  • 2.7.17. Leyes 25.246 y 26.683, pág. 52
  • 2.7.18. Ley 25.675, pág. 53
  • 2.7.19. Leyes 24.769 y 26.735, pág. 53
  • 2.8. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Proyecto de Código Penal (Comisión decreto 103/2017), pág. 55
  • 2.8.1. Aspectos generales, pág. 55
  • 2.8.2. El cambio de paradigma, pág. 55
  • 2.8.3. El acuerdo de colaboración y las pautas de exención de la pena, pág. 56
  • 2.8.4. El principio de personalidad activa, pág. 57
  • 2.8.5. El parámetro de la multa, pág. 57
  • 2.8.6. El decomiso, pág. 57
  • 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas en la visión de la jurisprudencia de la CSJN, pág. 58
  • 4. Derecho Comparado, pág. 60
  • 4.1. Estados Unidos, pág. 60
  • 4.2. Francia, pág. 61
  • 4.3. España, pág. 61
  • 4.4. Italia, pág. 62
  • 4.5. Portugal, pág. 65
  • 4.6. Chile, pág. 66
  • 4.7. Brasil, pág. 67
  • 4.8. Perú, pág. 67
  • 5. El Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Privadas por delitos cometidos contra la Administración Pública del Poder Ejecutivo Nacional del año 2016, pág. 71
  • 6. El trámite legislativo, pág. 79
  • 7. La Ley 27.401 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Privadas, pág. 84
  • 7.1. Técnica legislativa, pág. 84
  • 7.2. Estructura de la ley, pág. 84
  • 7.3. Aspectos relevantes, pág. 86
  • 7.3.1. Sistema vicarial, pág. 86
  • 7.3.2. Beneficio, pág. 89
  • 7.3.3. Ratificación del acto por la persona jurídica, pág. 90
  • 7.3.4. Responsabilidad sucesiva, pág. 92
  • 7.3.5. Numerus clausus. Delitos alcanzados por la normativa, pág. 94
  • 7.3.6. Programa de integridad, pág. 94
  • 7.3.7. Acuerdo de colaboración, pág. 95
  • 7.3.8. Catálogo y medición de penas, pág. 96
  • 7.3.9. Régimen de reincidencia, pág. 97
  • 7.3.10. Exención de pena, pág. 99
  • 7.3.11. Independencia de las acciones, pág. 99
  • CAPÍTULO II
  • LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS COMPRENDIDAS EN LA LEY 27.401, por Edgardo Ignacio Saux
  • 1. Introducción, pág. 101
  • 2. Las personas jurídicas, pág. 103
  • 3. Antecedentes históricos, pág. 111
  • 4. Naturaleza jurídica, pág. 115
  • 5. Clasificación de las personas jurídicas, pág. 125
  • 5.1. Personas jurídicas públicas, pág. 126
  • 5.2. Personas jurídicas privadas, pág. 132
  • 5.2.1. Las sociedades, pág. 133
  • 5.2.2. Las asociaciones civiles, pág. 134
  • 5.2.3. Las simples asociaciones, pág. 134
  • 5.2.4. Las fundaciones, pág. 134
  • 5.2.5. Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, pág. 135
  • 5.2.6. Las mutuales, pág. 136
  • 5.2.7. Las cooperativas, pág. 136
  • 5.2.8. El consorcio de propiedad horizontal, pág. 137
  • 5.2.9. Las otras personas jurídicas privadas contempladas en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento, pág. 137
  • 5.2.10. La participación del Estado en las personas jurídicas privadas, pág. 138
  • 5.3. Personas jurídicas extranjeras, pág. 141
  • 6. Elementos determinantes de la existencia de las personas jurídicas, pág. 143
  • 7. Los principios de separación de personalidades y de patrimonios, pág. 147
  • 8. Modos de creación, pág. 149
  • 9. Estatutos, pág. 158
  • 10. Leyes aplicables, pág. 162
  • 11. Reconocimiento estatal. Registración, pág. 165
  • 12. Funcionamiento, pág. 167
  • 12.1. Gobierno, pág. 176
  • 12.2. Administración, pág. 181
  • 12.3. Fiscalización y control, pág. 183
  • 13. Disolución y liquidación, pág. 185
  • 14. Las personas jurídicas privadas en la ley 27.401, pág. 191
  • CAPÍTULO III
  • LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUIDOS EN LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 193
  • 2. Cohecho. Aspectos generales, pág. 196
  • 2.1. El cohecho pasivo, pág. 201
  • 2.1.1. La iniciativa del particular, pág. 204
  • 2.1.2. Dolo, pág. 205
  • 2.1.3. Consumación, pág. 205
  • 2.2. Cohecho pasivo agravado por la condición de magistrado, pág. 206
  • 2.3. Cohecho activo, pág. 208
  • 3. Tráfico de influencias, pág. 213
  • 3.1. Influencia, pág. 217
  • 3.2. Consumación, pág. 218
  • 3.3. Agravación, pág. 218
  • 4. Soborno trasnacional, pág. 219
  • 5. Negociaciones incompatibles con la función pública, pág. 223
  • 6. El tipo penal previsto por el artículo 268 del CP, pág. 230
  • 6.1. Concepciones dogmáticas, pág. 234
  • 6.2. Requisitos y alcances del tipo, pág. 239
  • 6.2.1. El tipo básico, pág. 239
  • 6.2.2. El tipo agravado, pág. 242
  • 6.2.3. Una mayor agravación, pág. 243
  • 7. Utilización, con fines de lucro, de información o datos reservados, pág. 244
  • 8. El delito de enriquecimiento ilícito, pág. 249
  • 8.1. Constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.1. A favor de la constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.2. A favor de la inconstitucionalidad, pág. 252
  • 8.2. Interposición de persona, pág. 257
  • CAPÍTULO IV
  • LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por Sandro Abraldes
  • 1. Introducción, pág. 259
  • 2. Concepto y alcance, pág. 260
  • 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, pág. 263
  • 4. La protección al bien jurídico: incumbencias del Derecho Penal, pág. 265
  • 5. El concepto de delito en la actualidad, pág. 267
  • 6. El concepto de delito y el deber de cooperación de la persona jurídica, pág. 268
  • 7. Responsabilidad de las personas jurídicas privadas bajo las disposiciones de la ley 27.401, pág. 270
  • 7.1. Sistema vicarial, pág. 270
  • 7.2. Requisitos. Intervención, nombre, interés y beneficio, pág. 272
  • 7.2.1. Intervención, pág. 272
  • 7.2.2. Nombre, pág. 273
  • 7.2.3. Interés, pág. 273
  • 7.2.4. Beneficio, pág. 274
  • 7.3. El sistema de numerus clausus, pág. 275
  • 7.4. La corrupción en el Código Penal argentino, pág. 277
  • 7.4.1. Características, pág. 277
  • 7.4.2. Proyecciones en el ámbito convencional, pág. 279
  • 7.5. La corrupción y la persona jurídica, pág. 280
  • 7.6. El bien jurídico ?Administración Pública?, pág. 283
  • 7.7. La ley 27.401 y los delitos de funcionarios públicos, pág. 285
  • 7.7.1. Concepto e implicancias, pág. 285
  • 7.7.2. Relevancia práctica, pág. 286
  • 7.7.3. Los deberes jurídicos de los funcionarios públicos, pág. 287
  • 8. La persona jurídica y el delito de cohecho (art. 258, CP), pág. 289
  • 9. La persona jurídica y el delito de soborno transnacional (art. 258 bis, CP), pág. 293
  • 10. La persona jurídica y el delito de tráfico de influencias (art. 258, CP), pág. 299
  • 11. La persona jurídica y el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265, CP), pág. 301
  • 12. La persona jurídica y el delito de concusión (art. 268, CP), pág. 303
  • 13. La persona jurídica y el delito de utilización con fines de lucro de informaciones o datos reservados (art. 268 [1] CP), pág. 304
  • 14. La persona jurídica y el delito de enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos (art. 268 [2] CP), pág. 305
  • CAPÍTULO IX
  • ACUERDOS DE COLABORACIÓN EFICAZ, por Sandro Abraldes
  • 1. Introducción, pág. 491
  • 2. Las figuras premiales como elementos de política criminal, pág. 492
  • 3. Los institutos del arrepentido y el informante en la legislación argentina, pág. 493
  • 4. El ?Acuerdo de colaboración eficaz? en la ley 27.401, pág. 495
  • 5. Naturaleza del acuerdo de colaboración, pág. 497
  • 6. Oportunidad procesal para la celebración del acuerdo, pág. 500
  • 7. Contenido del acuerdo, pág. 501
  • 7.1. La colaboración, pág. 503
  • 7.1.1. Utilidad de la información, pág. 504
  • 7.1.2. El beneficio para el colaborador, pág. 505
  • 8. Forma y control del acuerdo, pág. 505
  • 9. Confidencialidad, pág. 508
  • 10. Rechazo del acuerdo, pág. 511
  • 10.1. Excepciones, pág. 512
  • 11. Control de cumplimiento del acuerdo, pág. 513

  • CAPÍTULO II
  • LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS COMPRENDIDAS EN LA LEY 27.401, por Edgardo Ignacio Saux
  • 1. Introducción, pág. 101
  • 2. Las personas jurídicas, pág. 103
  • 3. Antecedentes históricos, pág. 111
  • 4. Naturaleza jurídica, pág. 115
  • 5. Clasificación de las personas jurídicas, pág. 125
  • 5.1. Personas jurídicas públicas, pág. 126
  • 5.2. Personas jurídicas privadas, pág. 132
  • 5.2.1. Las sociedades, pág. 133
  • 5.2.2. Las asociaciones civiles, pág. 134
  • 5.2.3. Las simples asociaciones, pág. 134
  • 5.2.4. Las fundaciones, pág. 134
  • 5.2.5. Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, pág. 135
  • 5.2.6. Las mutuales, pág. 136
  • 5.2.7. Las cooperativas, pág. 136
  • 5.2.8. El consorcio de propiedad horizontal, pág. 137
  • 5.2.9. Las otras personas jurídicas privadas contempladas en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento, pág. 137
  • 5.2.10. La participación del Estado en las personas jurídicas privadas, pág. 138
  • 5.3. Personas jurídicas extranjeras, pág. 141
  • 6. Elementos determinantes de la existencia de las personas jurídicas, pág. 143
  • 7. Los principios de separación de personalidades y de patrimonios, pág. 147
  • 8. Modos de creación, pág. 149
  • 9. Estatutos, pág. 158
  • 10. Leyes aplicables, pág. 162
  • 11. Reconocimiento estatal. Registración, pág. 165
  • 12. Funcionamiento, pág. 167
  • 12.1. Gobierno, pág. 176
  • 12.2. Administración, pág. 181
  • 12.3. Fiscalización y control, pág. 183
  • 13. Disolución y liquidación, pág. 185
  • 14. Las personas jurídicas privadas en la ley 27.401, pág. 191
  • CAPÍTULO III
  • LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUIDOS EN LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 193
  • 2. Cohecho. Aspectos generales, pág. 196
  • 2.1. El cohecho pasivo, pág. 201
  • 2.1.1. La iniciativa del particular, pág. 204
  • 2.1.2. Dolo, pág. 205
  • 2.1.3. Consumación, pág. 205
  • 2.2. Cohecho pasivo agravado por la condición de magistrado, pág. 206
  • 2.3. Cohecho activo, pág. 208
  • 3. Tráfico de influencias, pág. 213
  • 3.1. Influencia, pág. 217
  • 3.2. Consumación, pág. 218
  • 3.3. Agravación, pág. 218
  • 4. Soborno trasnacional, pág. 219
  • 5. Negociaciones incompatibles con la función pública, pág. 223
  • 6. El tipo penal previsto por el artículo 268 del CP, pág. 230
  • 6.1. Concepciones dogmáticas, pág. 234
  • 6.2. Requisitos y alcances del tipo, pág. 239
  • 6.2.1. El tipo básico, pág. 239
  • 6.2.2. El tipo agravado, pág. 242
  • 6.2.3. Una mayor agravación, pág. 243
  • 7. Utilización, con fines de lucro, de información o datos reservados, pág. 244
  • 8. El delito de enriquecimiento ilícito, pág. 249
  • 8.1. Constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.1. A favor de la constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.2. A favor de la inconstitucionalidad, pág. 252
  • 8.2. Interposición de persona, pág. 257

  • CAPÍTULO III
  • LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUIDOS EN LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 193
  • 2. Cohecho. Aspectos generales, pág. 196
  • 2.1. El cohecho pasivo, pág. 201
  • 2.1.1. La iniciativa del particular, pág. 204
  • 2.1.2. Dolo, pág. 205
  • 2.1.3. Consumación, pág. 205
  • 2.2. Cohecho pasivo agravado por la condición de magistrado, pág. 206
  • 2.3. Cohecho activo, pág. 208
  • 3. Tráfico de influencias, pág. 213
  • 3.1. Influencia, pág. 217
  • 3.2. Consumación, pág. 218
  • 3.3. Agravación, pág. 218
  • 4. Soborno trasnacional, pág. 219
  • 5. Negociaciones incompatibles con la función pública, pág. 223
  • 6. El tipo penal previsto por el artículo 268 del CP, pág. 230
  • 6.1. Concepciones dogmáticas, pág. 234
  • 6.2. Requisitos y alcances del tipo, pág. 239
  • 6.2.1. El tipo básico, pág. 239
  • 6.2.2. El tipo agravado, pág. 242
  • 6.2.3. Una mayor agravación, pág. 243
  • 7. Utilización, con fines de lucro, de información o datos reservados, pág. 244
  • 8. El delito de enriquecimiento ilícito, pág. 249
  • 8.1. Constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.1. A favor de la constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.2. A favor de la inconstitucionalidad, pág. 252
  • 8.2. Interposición de persona, pág. 257

  • CAPÍTULO IV
  • LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por Sandro Abraldes
  • 1. Introducción, pág. 259
  • 2. Concepto y alcance, pág. 260
  • 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, pág. 263
  • 4. La protección al bien jurídico: incumbencias del Derecho Penal, pág. 265
  • 5. El concepto de delito en la actualidad, pág. 267
  • 6. El concepto de delito y el deber de cooperación de la persona jurídica, pág. 268
  • 7. Responsabilidad de las personas jurídicas privadas bajo las disposiciones de la ley 27.401, pág. 270
  • 7.1. Sistema vicarial, pág. 270
  • 7.2. Requisitos. Intervención, nombre, interés y beneficio, pág. 272
  • 7.2.1. Intervención, pág. 272
  • 7.2.2. Nombre, pág. 273
  • 7.2.3. Interés, pág. 273
  • 7.2.4. Beneficio, pág. 274
  • 7.3. El sistema de numerus clausus, pág. 275
  • 7.4. La corrupción en el Código Penal argentino, pág. 277
  • 7.4.1. Características, pág. 277
  • 7.4.2. Proyecciones en el ámbito convencional, pág. 279
  • 7.5. La corrupción y la persona jurídica, pág. 280
  • 7.6. El bien jurídico ?Administración Pública?, pág. 283
  • 7.7. La ley 27.401 y los delitos de funcionarios públicos, pág. 285
  • 7.7.1. Concepto e implicancias, pág. 285
  • 7.7.2. Relevancia práctica, pág. 286
  • 7.7.3. Los deberes jurídicos de los funcionarios públicos, pág. 287
  • 8. La persona jurídica y el delito de cohecho (art. 258, CP), pág. 289
  • 9. La persona jurídica y el delito de soborno transnacional (art. 258 bis, CP), pág. 293
  • 10. La persona jurídica y el delito de tráfico de influencias (art. 258, CP), pág. 299
  • 11. La persona jurídica y el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265, CP), pág. 301
  • 12. La persona jurídica y el delito de concusión (art. 268, CP), pág. 303
  • 13. La persona jurídica y el delito de utilización con fines de lucro de informaciones o datos reservados (art. 268 [1] CP), pág. 304
  • 14. La persona jurídica y el delito de enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos (art. 268 [2] CP), pág. 305

  • CAPÍTULO V
  • EL "COMPLIANCE" Y LA RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA, por Daniel Roque Vítolo, pág. 307
  • 1. Introducción, pág. 308
  • 1.1. ¿Qué es la corrupción?, pág. 310
  • 2. ¿Qué es el compliance?, pág. 316
  • 3. Compliance y Derecho Penal, pág. 321
  • 4. El llamado ?programa de integridad? en la ley 27.401, pág. 323
  • 5. Carácter facultativo del Programa de Integridad, pág. 328
  • 6. ¿Cuál debe ser el contenido del Programa de Integridad?, pág. 329
  • 6.1. Carácter obligatorio del contenido mínimo del Programa de Integridad, pág. 334
  • 6.1.1. Código de ética o políticas de integridad, pág. 334
  • 6.1.2. Reglas y procedimientos de prevención, pág. 336
  • 6.1.3. Programas de capacitación periódica, pág. 337
  • 6.2. Otros contenidos facultativos, pág. 338
  • 6.2.1. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad, pág. 338
  • 6.2.2. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia, pág. 340
  • 6.2.3. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos, pág. 342
  • 6.2.4. Una política de protección de denunciantes contra represalias, pág. 343
  • 6.2.5. Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta, pág. 344
  • 6.2.6. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial, pág. 345
  • 6.2.7. La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas, pág. 349
  • 6.2.8. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad, pág. 353
  • 6.2.9. La designación de un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad, pág. 356
  • 6.2.10. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica, pág. 357
  • 6.3. La reglamentación contenida en el decreto 277/2018, pág. 357
  • 7. El contenido de buenas prácticas de la Cámara de Comercio Internacional, pág. 358
  • 8. La experiencia en países limítrofes, pág. 361
  • 8.1. El modelo chileno, pág. 361
  • 8.2. El modelo brasileño, pág. 363
  • 9. Las ventajas de contar con un Programa de Integridad frente a un proceso penal, pág. 365
  • 10. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance, pág. 366
  • CAPÍTULO VI
  • EL DELITO DE BALANCES E INFORMES FALSOS AGRAVADO, por Daniel Roque Vítolo
  • 1. Introducción, pág. 373
  • 2. El delito de balances e informes falsos agravado, pág. 376
  • 3. La obligación de llevar registros contables y las personas jurídicas privadas, pág. 379
  • 4. La contabilidad en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pág. 382
  • 4.1. Modo de llevar la contabilidad, pág. 383
  • 4.2. Registros indispensables, pág. 385
  • 4.3. ¿Cómo deben llevarse los libros?, pág. 387
  • 4.4. ¿Cuáles son las prohibiciones que presenta el régimen legal en materia de registros y contabilidad?, pág. 388
  • 4.5. ¿Cómo deben llevarse los registros?, pág. 389
  • 4.6. ¿Qué debe asentarse en los libros?, pág. 390
  • 4.7. Los estados contables y financieros, pág. 392
  • 4.8. ¿Durante cuánto tiempo deben conservarse los libros, documentos y registros?, pág. 396
  • 4.9. ¿Puede ser sustituido el mecanismo de registración?, pág. 397
  • 4.10. ¿Qué valor probatorio tienen estos registros?, pág. 399
  • 4.11. ¿Cuándo y bajo cuáles circunstancias puede ser exigida la exhibición de libros y registros?, pág. 401
  • 4.12. Prohibición de investigar de oficio, pág. 401
  • 4.13. Exhibición a instancia de parte, pág. 401
  • 4.14. Lugar de exhibición, pág. 402
  • 4.15. Formalidades, pág. 402
  • 4.16. La contabilidad digital. Ley 27.349 y DNU 27/2018, pág. 402
  • 5. El delito de balance e informes falsos, pág. 406
  • 5.1. Autoría y participación, pág. 407
  • 6. El delito de balances e informes falsos agravado, pág. 408
  • 6.1. Autoría y participación, pág. 410
  • 7. La persona jurídica como sujeto activo del delito de balances e informes falsos agravado, pág. 411
  • 7.1. Fundador, pág. 412
  • 7.2. ¿La persona jurídica privada directora?, pág. 412
  • 7.3. Síndicos, pág. 413
  • 7.4. Liquidador, pág. 414
  • 8. La persona jurídica como partícipe, pág. 414
  • 9. Interés o beneficio, pág. 415
  • 10. La cuestión del delito contemplado en los artículos 300 y 300 bis en las sociedades unipersonales, pág. 415
  • CAPÍTULO VII
  • EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN PENAL REGULADO POR LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Competencia legislativa en la materia, pág. 423
  • 1.1. Las competencias establecidas por la Constitución Nacional en la materia, pág. 424
  • 1.2. Alcances de la potestad exclusiva del Congreso para legislar en materia penal, pág. 427
  • 2. Carácter público de la acción penal, pág. 432
  • 2.1. El principio de oportunidad, pág. 434
  • 3. Independencia de las acciones, pág. 435
  • 4. Extinción de la acción penal, pág. 436
  • 4.1. Amnistía, pág. 438
  • 4.2. Prescripción, pág. 439
  • 4.2.1. El fundamento material, pág. 439
  • 4.2.2. El fundamento procesal, pág. 442
  • 4.2.3. Fundamento constitucional. La cuestión del plazo razonable, pág. 443
  • 4.2.4. El verdadero fundamento de la prescripción: la ?autolimitación? del Estado, pág. 448
  • 4.2.5. Plazo de prescripción, pág. 451
  • 4.2.6. Comienzo del plazo de prescripción, pág. 452
  • 4.2.7. Fin del plazo de la prescripción, pág. 454
  • 4.2.8. Suspensión del término de la prescripción, pág. 458
  • 4.2.9. Interrupción del término de la prescripción, pág. 461
  • 4.2.9.1. El primer llamado a prestar declaración indagatoria, pág. 461
  • 4.2.9.2. El requerimiento de elevación a juicio, pág. 465
  • 4.2.9.3. El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, pág. 466
  • 4.2.9.4. La sentencia condenatoria, pág. 467
  • 4.2.9.5. La comisión de otro delito como causa de interrupción de la prescripción, pág. 468
  • CAPÍTULO VIII
  • ASPECTOS PROCESALES, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 473
  • 2. Situación procesal de la persona jurídica: necesidad de respetar el derecho de defensa, pág. 474
  • 3. Competencia, pág. 480
  • 4. Representación, pág. 482
  • 5. Notificaciones, pág. 485
  • 6. Rebeldía, pág. 487

  • CAPÍTULO VI
  • EL DELITO DE BALANCES E INFORMES FALSOS AGRAVADO, por Daniel Roque Vítolo
  • 1. Introducción, pág. 373
  • 2. El delito de balances e informes falsos agravado, pág. 376
  • 3. La obligación de llevar registros contables y las personas jurídicas privadas, pág. 379
  • 4. La contabilidad en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pág. 382
  • 4.1. Modo de llevar la contabilidad, pág. 383
  • 4.2. Registros indispensables, pág. 385
  • 4.3. ¿Cómo deben llevarse los libros?, pág. 387
  • 4.4. ¿Cuáles son las prohibiciones que presenta el régimen legal en materia de registros y contabilidad?, pág. 388
  • 4.5. ¿Cómo deben llevarse los registros?, pág. 389
  • 4.6. ¿Qué debe asentarse en los libros?, pág. 390
  • 4.7. Los estados contables y financieros, pág. 392
  • 4.8. ¿Durante cuánto tiempo deben conservarse los libros, documentos y registros?, pág. 396
  • 4.9. ¿Puede ser sustituido el mecanismo de registración?, pág. 397
  • 4.10. ¿Qué valor probatorio tienen estos registros?, pág. 399
  • 4.11. ¿Cuándo y bajo cuáles circunstancias puede ser exigida la exhibición de libros y registros?, pág. 401
  • 4.12. Prohibición de investigar de oficio, pág. 401
  • 4.13. Exhibición a instancia de parte, pág. 401
  • 4.14. Lugar de exhibición, pág. 402
  • 4.15. Formalidades, pág. 402
  • 4.16. La contabilidad digital. Ley 27.349 y DNU 27/2018, pág. 402
  • 5. El delito de balance e informes falsos, pág. 406
  • 5.1. Autoría y participación, pág. 407
  • 6. El delito de balances e informes falsos agravado, pág. 408
  • 6.1. Autoría y participación, pág. 410
  • 7. La persona jurídica como sujeto activo del delito de balances e informes falsos agravado, pág. 411
  • 7.1. Fundador, pág. 412
  • 7.2. ¿La persona jurídica privada directora?, pág. 412
  • 7.3. Síndicos, pág. 413
  • 7.4. Liquidador, pág. 414
  • 8. La persona jurídica como partícipe, pág. 414
  • 9. Interés o beneficio, pág. 415
  • 10. La cuestión del delito contemplado en los artículos 300 y 300 bis en las sociedades unipersonales, pág. 415
  • CAPÍTULO VII
  • EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN PENAL REGULADO POR LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Competencia legislativa en la materia, pág. 423
  • 1.1. Las competencias establecidas por la Constitución Nacional en la materia, pág. 424
  • 1.2. Alcances de la potestad exclusiva del Congreso para legislar en materia penal, pág. 427
  • 2. Carácter público de la acción penal, pág. 432
  • 2.1. El principio de oportunidad, pág. 434
  • 3. Independencia de las acciones, pág. 435
  • 4. Extinción de la acción penal, pág. 436
  • 4.1. Amnistía, pág. 438
  • 4.2. Prescripción, pág. 439
  • 4.2.1. El fundamento material, pág. 439
  • 4.2.2. El fundamento procesal, pág. 442
  • 4.2.3. Fundamento constitucional. La cuestión del plazo razonable, pág. 443
  • 4.2.4. El verdadero fundamento de la prescripción: la ?autolimitación? del Estado, pág. 448
  • 4.2.5. Plazo de prescripción, pág. 451
  • 4.2.6. Comienzo del plazo de prescripción, pág. 452
  • 4.2.7. Fin del plazo de la prescripción, pág. 454
  • 4.2.8. Suspensión del término de la prescripción, pág. 458
  • 4.2.9. Interrupción del término de la prescripción, pág. 461
  • 4.2.9.1. El primer llamado a prestar declaración indagatoria, pág. 461
  • 4.2.9.2. El requerimiento de elevación a juicio, pág. 465
  • 4.2.9.3. El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, pág. 466
  • 4.2.9.4. La sentencia condenatoria, pág. 467
  • 4.2.9.5. La comisión de otro delito como causa de interrupción de la prescripción, pág. 468
  • CAPÍTULO VIII
  • ASPECTOS PROCESALES, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 473
  • 2. Situación procesal de la persona jurídica: necesidad de respetar el derecho de defensa, pág. 474
  • 3. Competencia, pág. 480
  • 4. Representación, pág. 482
  • 5. Notificaciones, pág. 485
  • 6. Rebeldía, pág. 487

  • CAPÍTULO VII
  • EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN PENAL REGULADO POR LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Competencia legislativa en la materia, pág. 423
  • 1.1. Las competencias establecidas por la Constitución Nacional en la materia, pág. 424
  • 1.2. Alcances de la potestad exclusiva del Congreso para legislar en materia penal, pág. 427
  • 2. Carácter público de la acción penal, pág. 432
  • 2.1. El principio de oportunidad, pág. 434
  • 3. Independencia de las acciones, pág. 435
  • 4. Extinción de la acción penal, pág. 436
  • 4.1. Amnistía, pág. 438
  • 4.2. Prescripción, pág. 439
  • 4.2.1. El fundamento material, pág. 439
  • 4.2.2. El fundamento procesal, pág. 442
  • 4.2.3. Fundamento constitucional. La cuestión del plazo razonable, pág. 443
  • 4.2.4. El verdadero fundamento de la prescripción: la ?autolimitación? del Estado, pág. 448
  • 4.2.5. Plazo de prescripción, pág. 451
  • 4.2.6. Comienzo del plazo de prescripción, pág. 452
  • 4.2.7. Fin del plazo de la prescripción, pág. 454
  • 4.2.8. Suspensión del término de la prescripción, pág. 458
  • 4.2.9. Interrupción del término de la prescripción, pág. 461
  • 4.2.9.1. El primer llamado a prestar declaración indagatoria, pág. 461
  • 4.2.9.2. El requerimiento de elevación a juicio, pág. 465
  • 4.2.9.3. El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, pág. 466
  • 4.2.9.4. La sentencia condenatoria, pág. 467
  • 4.2.9.5. La comisión de otro delito como causa de interrupción de la prescripción, pág. 468
  • CAPÍTULO VIII
  • ASPECTOS PROCESALES, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 473
  • 2. Situación procesal de la persona jurídica: necesidad de respetar el derecho de defensa, pág. 474
  • 3. Competencia, pág. 480
  • 4. Representación, pág. 482
  • 5. Notificaciones, pág. 485
  • 6. Rebeldía, pág. 487

  • CAPÍTULO VIII
  • ASPECTOS PROCESALES, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 473
  • 2. Situación procesal de la persona jurídica: necesidad de respetar el derecho de defensa, pág. 474
  • 3. Competencia, pág. 480
  • 4. Representación, pág. 482
  • 5. Notificaciones, pág. 485
  • 6. Rebeldía, pág. 487
  • CAPÍTULO IX
  • ACUERDOS DE COLABORACIÓN EFICAZ, por Sandro Abraldes
  • 1. Introducción, pág. 491
  • 2. Las figuras premiales como elementos de política criminal, pág. 492
  • 3. Los institutos del arrepentido y el informante en la legislación argentina, pág. 493
  • 4. El ?Acuerdo de colaboración eficaz? en la ley 27.401, pág. 495
  • 5. Naturaleza del acuerdo de colaboración, pág. 497
  • 6. Oportunidad procesal para la celebración del acuerdo, pág. 500
  • 7. Contenido del acuerdo, pág. 501
  • 7.1. La colaboración, pág. 503
  • 7.1.1. Utilidad de la información, pág. 504
  • 7.1.2. El beneficio para el colaborador, pág. 505
  • 8. Forma y control del acuerdo, pág. 505
  • 9. Confidencialidad, pág. 508
  • 10. Rechazo del acuerdo, pág. 511
  • 10.1. Excepciones, pág. 512
  • 11. Control de cumplimiento del acuerdo, pág. 513
  • CAPÍTULO X
  • PENAS Y SANCIONES, por Daniel Roque Vítolo, pág. 515
  • 1. Introducción, pág. 516
  • 2. Las penas en la ley 27.401, pág. 522
  • 2.1. La pena única, pág. 522
  • 2.2. La pena de multa, pág. 524
  • 2.3. La pena de suspensión total o parcial de actividades, pág. 534
  • 2.4. La pena de suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, pág. 541
  • 2.5. Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad, pág. 542
  • 2.6. Sociedades de objeto ilícito, pág. 544
  • 2.6.1. Ilicitud originaria e ilicitud sobreviniente, pág. 545
  • 2.6.2. Efectos de la ilicitud en el objeto en relación con los terceros, pág. 546
  • 2.6.3. Efectos de la ilicitud en el objeto en relación con los socios y la sociedad, pág. 547
  • 2.6.4. Liquidación de la sociedad, pág. 549
  • 2.6.5. Responsabilidad, pág. 550
  • 2.6.6. Sociedad de objeto lícito y actividad ilícita, pág. 550
  • 2.6.6.1. Alcances de la actividad ilícita, pág. 552
  • 2.6.6.2. Disolución y liquidación, pág. 553
  • 2.6.6.3. Efectos de la ilicitud en la actividad en relación con los terceros, pág. 553
  • 2.6.6.4. Efectos de la ilicitud en el objeto en relación con los socios y la sociedad, pág. 554
  • 2.6.6.5. Socios de buena fe, pág. 554
  • 2.6.6.6. Liquidación de la sociedad, pág. 555
  • 2.6.6.7. Responsabilidad, pág. 556
  • 2.7. La pena de disolución y liquidación en la ley 27.401, pág. 557
  • 2.8. Alcance de la pena, pág. 560
  • 2.9. Liquidación, pág. 561
  • 2.10. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere, pág. 564
  • 2.11. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica, pág. 565
  • 3. Graduación de la pena, pág. 566
  • 3.1. Los criterios de graduación impuestos por la ley 27.401, pág. 572
  • 3.1.1. El incumplimiento de reglas y procedimientos internos, pág. 574
  • 3.1.2. La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito, pág. 575
  • 3.1.3. La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, pág. 579
  • 3.1.4. La extensión del daño causado, pág. 580
  • 3.1.5. El monto de dinero involucrado en la comisión del delito, pág. 583
  • 3.1.6. El tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica, pág. 583
  • 3.1.7. La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna, pág. 586
  • 3.1.8. El comportamiento posterior, pág. 588
  • 3.1.9. La disposición para mitigar o reparar el daño, pág. 589
  • 4. Reincidencia, pág. 590
  • 5. Exclusión de pena en supuestos especiales, pág. 594
  • 6. Pago de la multa en cuotas, pág. 595
  • 7. Exclusión de la extinción de la pena de multa por pago voluntario, pág. 596
  • 8. Exención de pena, pág. 596
  • 8.1. Régimen y alcances de la exención, pág. 600
  • 8.1.1. Denuncia espontánea del delito, pág. 602
  • 8.1.2. Implementación de un programa de integridad con anterioridad, pág. 604
  • 8.1.3. Devolución del beneficio obtenido, pág. 605
  • 8.2. Exención de penas y sanciones administrativas, pág. 606
  • 8.3. Decomiso, pág. 615
  • 8.3.1. Normas de decomiso aplicables, pág. 620

 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas AUTOR: Vitolo, Daniel Roque

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas AUTOR: Vitolo, Daniel Roque
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PÁGINAS: 672 | EDICIÓN:   
MATERIA: Penal General
PUBLICADO: Agosto 2018
ISBN: 978-987-30-1300-3
  • Índice general, pág. 7

  • Prólogo, pág. 9

  • CAPÍTULO I
  • LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, por Sandro Abraldes, pág. 19
  • 1. Introducción, pág. 20
  • 2. Los antecedentes nacionales, pág. 20
  • 2.1. El Proyecto Coll-Gómez de Código Penal de 1937, pág. 20
  • 2.2. El Proyecto Peco de Código Penal de 1941, pág. 21
  • 2.3. El Proyecto De Benedetti de Código Penal de 1951, pág. 21
  • 2.4. El Proyecto de Código Penal de 2006. Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma y actualización integral del Código Penal. Resoluciones MJyDH 303/2004, 136/2005 y 736/2006, pág. 22
  • 2.4.1. Aspectos generales, pág. 22
  • 2.4.2. Presupuestos de responsabilidad penal, pág. 23
  • 2.4.3. Ratificación tácita, pág. 23
  • 2.4.4. Las sanciones aplicables, pág. 23
  • 2.4.5. Representación procesal, pág. 25
  • 2.4.6. Independencia de las acciones, pág. 25
  • 2.4.7. Resguardo de los derechos de terceros, pág. 25
  • 2.5. La ley 26.683, pág. 26
  • 2.6. El Anteproyecto de Código Penal elaborado por la Comisión dispuesta por el decreto PEN 678/2012, pág. 27
  • 2.6.1. Consideraciones generales, pág. 27
  • 2.6.2. Presupuestos de responsabilidad penal, pág. 28
  • 2.6.3. El sistema de numerus clausus, pág. 30
  • 2.6.4. Responsabilidad sucesiva, pág. 31
  • 2.6.5. Las cuestiones procesales, pág. 31
  • 2.6.6. El catálogo de penas, pág. 32
  • 2.6.7. El decomiso y la reparación del daño, pág. 33
  • 2.6.8. La aplicación de las sanciones, pág. 33
  • 2.6.9. Pautas para la determinación de las sanciones, pág. 35
  • 2.7. Las leyes especiales, pág. 37
  • 2.7.1. Ley 9643, pág. 38
  • 2.7.2. Ley 11.281, pág. 38
  • 2.7.3. Ley 11.226, pág. 39
  • 2.7.4. Ley 11.683, pág. 39
  • 2.7.5. Ley 12.591, pág. 39
  • 2.7.6. Ley 12.830, pág. 40
  • 2.7.7. Ley 12.906, pág. 42
  • 2.7.8. Ley 13.985, pág. 43
  • 2.7.9. Ley 14.155, pág. 43
  • 2.7.10. Ley 19.359, pág. 44
  • 2.7.11. Leyes 20.680 y 26.991, pág. 44
  • 2.7.12. Ley 22.262, pág. 45
  • 2.7.13. Ley 22.415, pág. 46
  • 2.7.14. Ley 23.544, pág. 49
  • 2.7.15. Ley 24.192, pág. 49
  • 2.7.16. Ley 25.156, pág. 50
  • 2.7.17. Leyes 25.246 y 26.683, pág. 52
  • 2.7.18. Ley 25.675, pág. 53
  • 2.7.19. Leyes 24.769 y 26.735, pág. 53
  • 2.8. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Proyecto de Código Penal (Comisión decreto 103/2017), pág. 55
  • 2.8.1. Aspectos generales, pág. 55
  • 2.8.2. El cambio de paradigma, pág. 55
  • 2.8.3. El acuerdo de colaboración y las pautas de exención de la pena, pág. 56
  • 2.8.4. El principio de personalidad activa, pág. 57
  • 2.8.5. El parámetro de la multa, pág. 57
  • 2.8.6. El decomiso, pág. 57
  • 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas en la visión de la jurisprudencia de la CSJN, pág. 58
  • 4. Derecho Comparado, pág. 60
  • 4.1. Estados Unidos, pág. 60
  • 4.2. Francia, pág. 61
  • 4.3. España, pág. 61
  • 4.4. Italia, pág. 62
  • 4.5. Portugal, pág. 65
  • 4.6. Chile, pág. 66
  • 4.7. Brasil, pág. 67
  • 4.8. Perú, pág. 67
  • 5. El Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Privadas por delitos cometidos contra la Administración Pública del Poder Ejecutivo Nacional del año 2016, pág. 71
  • 6. El trámite legislativo, pág. 79
  • 7. La Ley 27.401 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Privadas, pág. 84
  • 7.1. Técnica legislativa, pág. 84
  • 7.2. Estructura de la ley, pág. 84
  • 7.3. Aspectos relevantes, pág. 86
  • 7.3.1. Sistema vicarial, pág. 86
  • 7.3.2. Beneficio, pág. 89
  • 7.3.3. Ratificación del acto por la persona jurídica, pág. 90
  • 7.3.4. Responsabilidad sucesiva, pág. 92
  • 7.3.5. Numerus clausus. Delitos alcanzados por la normativa, pág. 94
  • 7.3.6. Programa de integridad, pág. 94
  • 7.3.7. Acuerdo de colaboración, pág. 95
  • 7.3.8. Catálogo y medición de penas, pág. 96
  • 7.3.9. Régimen de reincidencia, pág. 97
  • 7.3.10. Exención de pena, pág. 99
  • 7.3.11. Independencia de las acciones, pág. 99
  • CAPÍTULO II
  • LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS COMPRENDIDAS EN LA LEY 27.401, por Edgardo Ignacio Saux
  • 1. Introducción, pág. 101
  • 2. Las personas jurídicas, pág. 103
  • 3. Antecedentes históricos, pág. 111
  • 4. Naturaleza jurídica, pág. 115
  • 5. Clasificación de las personas jurídicas, pág. 125
  • 5.1. Personas jurídicas públicas, pág. 126
  • 5.2. Personas jurídicas privadas, pág. 132
  • 5.2.1. Las sociedades, pág. 133
  • 5.2.2. Las asociaciones civiles, pág. 134
  • 5.2.3. Las simples asociaciones, pág. 134
  • 5.2.4. Las fundaciones, pág. 134
  • 5.2.5. Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, pág. 135
  • 5.2.6. Las mutuales, pág. 136
  • 5.2.7. Las cooperativas, pág. 136
  • 5.2.8. El consorcio de propiedad horizontal, pág. 137
  • 5.2.9. Las otras personas jurídicas privadas contempladas en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento, pág. 137
  • 5.2.10. La participación del Estado en las personas jurídicas privadas, pág. 138
  • 5.3. Personas jurídicas extranjeras, pág. 141
  • 6. Elementos determinantes de la existencia de las personas jurídicas, pág. 143
  • 7. Los principios de separación de personalidades y de patrimonios, pág. 147
  • 8. Modos de creación, pág. 149
  • 9. Estatutos, pág. 158
  • 10. Leyes aplicables, pág. 162
  • 11. Reconocimiento estatal. Registración, pág. 165
  • 12. Funcionamiento, pág. 167
  • 12.1. Gobierno, pág. 176
  • 12.2. Administración, pág. 181
  • 12.3. Fiscalización y control, pág. 183
  • 13. Disolución y liquidación, pág. 185
  • 14. Las personas jurídicas privadas en la ley 27.401, pág. 191
  • CAPÍTULO III
  • LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUIDOS EN LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 193
  • 2. Cohecho. Aspectos generales, pág. 196
  • 2.1. El cohecho pasivo, pág. 201
  • 2.1.1. La iniciativa del particular, pág. 204
  • 2.1.2. Dolo, pág. 205
  • 2.1.3. Consumación, pág. 205
  • 2.2. Cohecho pasivo agravado por la condición de magistrado, pág. 206
  • 2.3. Cohecho activo, pág. 208
  • 3. Tráfico de influencias, pág. 213
  • 3.1. Influencia, pág. 217
  • 3.2. Consumación, pág. 218
  • 3.3. Agravación, pág. 218
  • 4. Soborno trasnacional, pág. 219
  • 5. Negociaciones incompatibles con la función pública, pág. 223
  • 6. El tipo penal previsto por el artículo 268 del CP, pág. 230
  • 6.1. Concepciones dogmáticas, pág. 234
  • 6.2. Requisitos y alcances del tipo, pág. 239
  • 6.2.1. El tipo básico, pág. 239
  • 6.2.2. El tipo agravado, pág. 242
  • 6.2.3. Una mayor agravación, pág. 243
  • 7. Utilización, con fines de lucro, de información o datos reservados, pág. 244
  • 8. El delito de enriquecimiento ilícito, pág. 249
  • 8.1. Constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.1. A favor de la constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.2. A favor de la inconstitucionalidad, pág. 252
  • 8.2. Interposición de persona, pág. 257
  • CAPÍTULO IV
  • LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por Sandro Abraldes
  • 1. Introducción, pág. 259
  • 2. Concepto y alcance, pág. 260
  • 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, pág. 263
  • 4. La protección al bien jurídico: incumbencias del Derecho Penal, pág. 265
  • 5. El concepto de delito en la actualidad, pág. 267
  • 6. El concepto de delito y el deber de cooperación de la persona jurídica, pág. 268
  • 7. Responsabilidad de las personas jurídicas privadas bajo las disposiciones de la ley 27.401, pág. 270
  • 7.1. Sistema vicarial, pág. 270
  • 7.2. Requisitos. Intervención, nombre, interés y beneficio, pág. 272
  • 7.2.1. Intervención, pág. 272
  • 7.2.2. Nombre, pág. 273
  • 7.2.3. Interés, pág. 273
  • 7.2.4. Beneficio, pág. 274
  • 7.3. El sistema de numerus clausus, pág. 275
  • 7.4. La corrupción en el Código Penal argentino, pág. 277
  • 7.4.1. Características, pág. 277
  • 7.4.2. Proyecciones en el ámbito convencional, pág. 279
  • 7.5. La corrupción y la persona jurídica, pág. 280
  • 7.6. El bien jurídico ?Administración Pública?, pág. 283
  • 7.7. La ley 27.401 y los delitos de funcionarios públicos, pág. 285
  • 7.7.1. Concepto e implicancias, pág. 285
  • 7.7.2. Relevancia práctica, pág. 286
  • 7.7.3. Los deberes jurídicos de los funcionarios públicos, pág. 287
  • 8. La persona jurídica y el delito de cohecho (art. 258, CP), pág. 289
  • 9. La persona jurídica y el delito de soborno transnacional (art. 258 bis, CP), pág. 293
  • 10. La persona jurídica y el delito de tráfico de influencias (art. 258, CP), pág. 299
  • 11. La persona jurídica y el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265, CP), pág. 301
  • 12. La persona jurídica y el delito de concusión (art. 268, CP), pág. 303
  • 13. La persona jurídica y el delito de utilización con fines de lucro de informaciones o datos reservados (art. 268 [1] CP), pág. 304
  • 14. La persona jurídica y el delito de enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos (art. 268 [2] CP), pág. 305
  • CAPÍTULO IX
  • ACUERDOS DE COLABORACIÓN EFICAZ, por Sandro Abraldes
  • 1. Introducción, pág. 491
  • 2. Las figuras premiales como elementos de política criminal, pág. 492
  • 3. Los institutos del arrepentido y el informante en la legislación argentina, pág. 493
  • 4. El ?Acuerdo de colaboración eficaz? en la ley 27.401, pág. 495
  • 5. Naturaleza del acuerdo de colaboración, pág. 497
  • 6. Oportunidad procesal para la celebración del acuerdo, pág. 500
  • 7. Contenido del acuerdo, pág. 501
  • 7.1. La colaboración, pág. 503
  • 7.1.1. Utilidad de la información, pág. 504
  • 7.1.2. El beneficio para el colaborador, pág. 505
  • 8. Forma y control del acuerdo, pág. 505
  • 9. Confidencialidad, pág. 508
  • 10. Rechazo del acuerdo, pág. 511
  • 10.1. Excepciones, pág. 512
  • 11. Control de cumplimiento del acuerdo, pág. 513

  • CAPÍTULO II
  • LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS COMPRENDIDAS EN LA LEY 27.401, por Edgardo Ignacio Saux
  • 1. Introducción, pág. 101
  • 2. Las personas jurídicas, pág. 103
  • 3. Antecedentes históricos, pág. 111
  • 4. Naturaleza jurídica, pág. 115
  • 5. Clasificación de las personas jurídicas, pág. 125
  • 5.1. Personas jurídicas públicas, pág. 126
  • 5.2. Personas jurídicas privadas, pág. 132
  • 5.2.1. Las sociedades, pág. 133
  • 5.2.2. Las asociaciones civiles, pág. 134
  • 5.2.3. Las simples asociaciones, pág. 134
  • 5.2.4. Las fundaciones, pág. 134
  • 5.2.5. Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, pág. 135
  • 5.2.6. Las mutuales, pág. 136
  • 5.2.7. Las cooperativas, pág. 136
  • 5.2.8. El consorcio de propiedad horizontal, pág. 137
  • 5.2.9. Las otras personas jurídicas privadas contempladas en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento, pág. 137
  • 5.2.10. La participación del Estado en las personas jurídicas privadas, pág. 138
  • 5.3. Personas jurídicas extranjeras, pág. 141
  • 6. Elementos determinantes de la existencia de las personas jurídicas, pág. 143
  • 7. Los principios de separación de personalidades y de patrimonios, pág. 147
  • 8. Modos de creación, pág. 149
  • 9. Estatutos, pág. 158
  • 10. Leyes aplicables, pág. 162
  • 11. Reconocimiento estatal. Registración, pág. 165
  • 12. Funcionamiento, pág. 167
  • 12.1. Gobierno, pág. 176
  • 12.2. Administración, pág. 181
  • 12.3. Fiscalización y control, pág. 183
  • 13. Disolución y liquidación, pág. 185
  • 14. Las personas jurídicas privadas en la ley 27.401, pág. 191
  • CAPÍTULO III
  • LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUIDOS EN LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 193
  • 2. Cohecho. Aspectos generales, pág. 196
  • 2.1. El cohecho pasivo, pág. 201
  • 2.1.1. La iniciativa del particular, pág. 204
  • 2.1.2. Dolo, pág. 205
  • 2.1.3. Consumación, pág. 205
  • 2.2. Cohecho pasivo agravado por la condición de magistrado, pág. 206
  • 2.3. Cohecho activo, pág. 208
  • 3. Tráfico de influencias, pág. 213
  • 3.1. Influencia, pág. 217
  • 3.2. Consumación, pág. 218
  • 3.3. Agravación, pág. 218
  • 4. Soborno trasnacional, pág. 219
  • 5. Negociaciones incompatibles con la función pública, pág. 223
  • 6. El tipo penal previsto por el artículo 268 del CP, pág. 230
  • 6.1. Concepciones dogmáticas, pág. 234
  • 6.2. Requisitos y alcances del tipo, pág. 239
  • 6.2.1. El tipo básico, pág. 239
  • 6.2.2. El tipo agravado, pág. 242
  • 6.2.3. Una mayor agravación, pág. 243
  • 7. Utilización, con fines de lucro, de información o datos reservados, pág. 244
  • 8. El delito de enriquecimiento ilícito, pág. 249
  • 8.1. Constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.1. A favor de la constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.2. A favor de la inconstitucionalidad, pág. 252
  • 8.2. Interposición de persona, pág. 257

  • CAPÍTULO III
  • LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUIDOS EN LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 193
  • 2. Cohecho. Aspectos generales, pág. 196
  • 2.1. El cohecho pasivo, pág. 201
  • 2.1.1. La iniciativa del particular, pág. 204
  • 2.1.2. Dolo, pág. 205
  • 2.1.3. Consumación, pág. 205
  • 2.2. Cohecho pasivo agravado por la condición de magistrado, pág. 206
  • 2.3. Cohecho activo, pág. 208
  • 3. Tráfico de influencias, pág. 213
  • 3.1. Influencia, pág. 217
  • 3.2. Consumación, pág. 218
  • 3.3. Agravación, pág. 218
  • 4. Soborno trasnacional, pág. 219
  • 5. Negociaciones incompatibles con la función pública, pág. 223
  • 6. El tipo penal previsto por el artículo 268 del CP, pág. 230
  • 6.1. Concepciones dogmáticas, pág. 234
  • 6.2. Requisitos y alcances del tipo, pág. 239
  • 6.2.1. El tipo básico, pág. 239
  • 6.2.2. El tipo agravado, pág. 242
  • 6.2.3. Una mayor agravación, pág. 243
  • 7. Utilización, con fines de lucro, de información o datos reservados, pág. 244
  • 8. El delito de enriquecimiento ilícito, pág. 249
  • 8.1. Constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.1. A favor de la constitucionalidad, pág. 249
  • 8.1.2. A favor de la inconstitucionalidad, pág. 252
  • 8.2. Interposición de persona, pág. 257

  • CAPÍTULO IV
  • LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por Sandro Abraldes
  • 1. Introducción, pág. 259
  • 2. Concepto y alcance, pág. 260
  • 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, pág. 263
  • 4. La protección al bien jurídico: incumbencias del Derecho Penal, pág. 265
  • 5. El concepto de delito en la actualidad, pág. 267
  • 6. El concepto de delito y el deber de cooperación de la persona jurídica, pág. 268
  • 7. Responsabilidad de las personas jurídicas privadas bajo las disposiciones de la ley 27.401, pág. 270
  • 7.1. Sistema vicarial, pág. 270
  • 7.2. Requisitos. Intervención, nombre, interés y beneficio, pág. 272
  • 7.2.1. Intervención, pág. 272
  • 7.2.2. Nombre, pág. 273
  • 7.2.3. Interés, pág. 273
  • 7.2.4. Beneficio, pág. 274
  • 7.3. El sistema de numerus clausus, pág. 275
  • 7.4. La corrupción en el Código Penal argentino, pág. 277
  • 7.4.1. Características, pág. 277
  • 7.4.2. Proyecciones en el ámbito convencional, pág. 279
  • 7.5. La corrupción y la persona jurídica, pág. 280
  • 7.6. El bien jurídico ?Administración Pública?, pág. 283
  • 7.7. La ley 27.401 y los delitos de funcionarios públicos, pág. 285
  • 7.7.1. Concepto e implicancias, pág. 285
  • 7.7.2. Relevancia práctica, pág. 286
  • 7.7.3. Los deberes jurídicos de los funcionarios públicos, pág. 287
  • 8. La persona jurídica y el delito de cohecho (art. 258, CP), pág. 289
  • 9. La persona jurídica y el delito de soborno transnacional (art. 258 bis, CP), pág. 293
  • 10. La persona jurídica y el delito de tráfico de influencias (art. 258, CP), pág. 299
  • 11. La persona jurídica y el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265, CP), pág. 301
  • 12. La persona jurídica y el delito de concusión (art. 268, CP), pág. 303
  • 13. La persona jurídica y el delito de utilización con fines de lucro de informaciones o datos reservados (art. 268 [1] CP), pág. 304
  • 14. La persona jurídica y el delito de enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos (art. 268 [2] CP), pág. 305

  • CAPÍTULO V
  • EL "COMPLIANCE" Y LA RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA, por Daniel Roque Vítolo, pág. 307
  • 1. Introducción, pág. 308
  • 1.1. ¿Qué es la corrupción?, pág. 310
  • 2. ¿Qué es el compliance?, pág. 316
  • 3. Compliance y Derecho Penal, pág. 321
  • 4. El llamado ?programa de integridad? en la ley 27.401, pág. 323
  • 5. Carácter facultativo del Programa de Integridad, pág. 328
  • 6. ¿Cuál debe ser el contenido del Programa de Integridad?, pág. 329
  • 6.1. Carácter obligatorio del contenido mínimo del Programa de Integridad, pág. 334
  • 6.1.1. Código de ética o políticas de integridad, pág. 334
  • 6.1.2. Reglas y procedimientos de prevención, pág. 336
  • 6.1.3. Programas de capacitación periódica, pág. 337
  • 6.2. Otros contenidos facultativos, pág. 338
  • 6.2.1. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad, pág. 338
  • 6.2.2. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia, pág. 340
  • 6.2.3. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos, pág. 342
  • 6.2.4. Una política de protección de denunciantes contra represalias, pág. 343
  • 6.2.5. Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta, pág. 344
  • 6.2.6. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial, pág. 345
  • 6.2.7. La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas, pág. 349
  • 6.2.8. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad, pág. 353
  • 6.2.9. La designación de un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad, pág. 356
  • 6.2.10. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica, pág. 357
  • 6.3. La reglamentación contenida en el decreto 277/2018, pág. 357
  • 7. El contenido de buenas prácticas de la Cámara de Comercio Internacional, pág. 358
  • 8. La experiencia en países limítrofes, pág. 361
  • 8.1. El modelo chileno, pág. 361
  • 8.2. El modelo brasileño, pág. 363
  • 9. Las ventajas de contar con un Programa de Integridad frente a un proceso penal, pág. 365
  • 10. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance, pág. 366
  • CAPÍTULO VI
  • EL DELITO DE BALANCES E INFORMES FALSOS AGRAVADO, por Daniel Roque Vítolo
  • 1. Introducción, pág. 373
  • 2. El delito de balances e informes falsos agravado, pág. 376
  • 3. La obligación de llevar registros contables y las personas jurídicas privadas, pág. 379
  • 4. La contabilidad en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pág. 382
  • 4.1. Modo de llevar la contabilidad, pág. 383
  • 4.2. Registros indispensables, pág. 385
  • 4.3. ¿Cómo deben llevarse los libros?, pág. 387
  • 4.4. ¿Cuáles son las prohibiciones que presenta el régimen legal en materia de registros y contabilidad?, pág. 388
  • 4.5. ¿Cómo deben llevarse los registros?, pág. 389
  • 4.6. ¿Qué debe asentarse en los libros?, pág. 390
  • 4.7. Los estados contables y financieros, pág. 392
  • 4.8. ¿Durante cuánto tiempo deben conservarse los libros, documentos y registros?, pág. 396
  • 4.9. ¿Puede ser sustituido el mecanismo de registración?, pág. 397
  • 4.10. ¿Qué valor probatorio tienen estos registros?, pág. 399
  • 4.11. ¿Cuándo y bajo cuáles circunstancias puede ser exigida la exhibición de libros y registros?, pág. 401
  • 4.12. Prohibición de investigar de oficio, pág. 401
  • 4.13. Exhibición a instancia de parte, pág. 401
  • 4.14. Lugar de exhibición, pág. 402
  • 4.15. Formalidades, pág. 402
  • 4.16. La contabilidad digital. Ley 27.349 y DNU 27/2018, pág. 402
  • 5. El delito de balance e informes falsos, pág. 406
  • 5.1. Autoría y participación, pág. 407
  • 6. El delito de balances e informes falsos agravado, pág. 408
  • 6.1. Autoría y participación, pág. 410
  • 7. La persona jurídica como sujeto activo del delito de balances e informes falsos agravado, pág. 411
  • 7.1. Fundador, pág. 412
  • 7.2. ¿La persona jurídica privada directora?, pág. 412
  • 7.3. Síndicos, pág. 413
  • 7.4. Liquidador, pág. 414
  • 8. La persona jurídica como partícipe, pág. 414
  • 9. Interés o beneficio, pág. 415
  • 10. La cuestión del delito contemplado en los artículos 300 y 300 bis en las sociedades unipersonales, pág. 415
  • CAPÍTULO VII
  • EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN PENAL REGULADO POR LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Competencia legislativa en la materia, pág. 423
  • 1.1. Las competencias establecidas por la Constitución Nacional en la materia, pág. 424
  • 1.2. Alcances de la potestad exclusiva del Congreso para legislar en materia penal, pág. 427
  • 2. Carácter público de la acción penal, pág. 432
  • 2.1. El principio de oportunidad, pág. 434
  • 3. Independencia de las acciones, pág. 435
  • 4. Extinción de la acción penal, pág. 436
  • 4.1. Amnistía, pág. 438
  • 4.2. Prescripción, pág. 439
  • 4.2.1. El fundamento material, pág. 439
  • 4.2.2. El fundamento procesal, pág. 442
  • 4.2.3. Fundamento constitucional. La cuestión del plazo razonable, pág. 443
  • 4.2.4. El verdadero fundamento de la prescripción: la ?autolimitación? del Estado, pág. 448
  • 4.2.5. Plazo de prescripción, pág. 451
  • 4.2.6. Comienzo del plazo de prescripción, pág. 452
  • 4.2.7. Fin del plazo de la prescripción, pág. 454
  • 4.2.8. Suspensión del término de la prescripción, pág. 458
  • 4.2.9. Interrupción del término de la prescripción, pág. 461
  • 4.2.9.1. El primer llamado a prestar declaración indagatoria, pág. 461
  • 4.2.9.2. El requerimiento de elevación a juicio, pág. 465
  • 4.2.9.3. El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, pág. 466
  • 4.2.9.4. La sentencia condenatoria, pág. 467
  • 4.2.9.5. La comisión de otro delito como causa de interrupción de la prescripción, pág. 468
  • CAPÍTULO VIII
  • ASPECTOS PROCESALES, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 473
  • 2. Situación procesal de la persona jurídica: necesidad de respetar el derecho de defensa, pág. 474
  • 3. Competencia, pág. 480
  • 4. Representación, pág. 482
  • 5. Notificaciones, pág. 485
  • 6. Rebeldía, pág. 487

  • CAPÍTULO VI
  • EL DELITO DE BALANCES E INFORMES FALSOS AGRAVADO, por Daniel Roque Vítolo
  • 1. Introducción, pág. 373
  • 2. El delito de balances e informes falsos agravado, pág. 376
  • 3. La obligación de llevar registros contables y las personas jurídicas privadas, pág. 379
  • 4. La contabilidad en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pág. 382
  • 4.1. Modo de llevar la contabilidad, pág. 383
  • 4.2. Registros indispensables, pág. 385
  • 4.3. ¿Cómo deben llevarse los libros?, pág. 387
  • 4.4. ¿Cuáles son las prohibiciones que presenta el régimen legal en materia de registros y contabilidad?, pág. 388
  • 4.5. ¿Cómo deben llevarse los registros?, pág. 389
  • 4.6. ¿Qué debe asentarse en los libros?, pág. 390
  • 4.7. Los estados contables y financieros, pág. 392
  • 4.8. ¿Durante cuánto tiempo deben conservarse los libros, documentos y registros?, pág. 396
  • 4.9. ¿Puede ser sustituido el mecanismo de registración?, pág. 397
  • 4.10. ¿Qué valor probatorio tienen estos registros?, pág. 399
  • 4.11. ¿Cuándo y bajo cuáles circunstancias puede ser exigida la exhibición de libros y registros?, pág. 401
  • 4.12. Prohibición de investigar de oficio, pág. 401
  • 4.13. Exhibición a instancia de parte, pág. 401
  • 4.14. Lugar de exhibición, pág. 402
  • 4.15. Formalidades, pág. 402
  • 4.16. La contabilidad digital. Ley 27.349 y DNU 27/2018, pág. 402
  • 5. El delito de balance e informes falsos, pág. 406
  • 5.1. Autoría y participación, pág. 407
  • 6. El delito de balances e informes falsos agravado, pág. 408
  • 6.1. Autoría y participación, pág. 410
  • 7. La persona jurídica como sujeto activo del delito de balances e informes falsos agravado, pág. 411
  • 7.1. Fundador, pág. 412
  • 7.2. ¿La persona jurídica privada directora?, pág. 412
  • 7.3. Síndicos, pág. 413
  • 7.4. Liquidador, pág. 414
  • 8. La persona jurídica como partícipe, pág. 414
  • 9. Interés o beneficio, pág. 415
  • 10. La cuestión del delito contemplado en los artículos 300 y 300 bis en las sociedades unipersonales, pág. 415
  • CAPÍTULO VII
  • EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN PENAL REGULADO POR LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Competencia legislativa en la materia, pág. 423
  • 1.1. Las competencias establecidas por la Constitución Nacional en la materia, pág. 424
  • 1.2. Alcances de la potestad exclusiva del Congreso para legislar en materia penal, pág. 427
  • 2. Carácter público de la acción penal, pág. 432
  • 2.1. El principio de oportunidad, pág. 434
  • 3. Independencia de las acciones, pág. 435
  • 4. Extinción de la acción penal, pág. 436
  • 4.1. Amnistía, pág. 438
  • 4.2. Prescripción, pág. 439
  • 4.2.1. El fundamento material, pág. 439
  • 4.2.2. El fundamento procesal, pág. 442
  • 4.2.3. Fundamento constitucional. La cuestión del plazo razonable, pág. 443
  • 4.2.4. El verdadero fundamento de la prescripción: la ?autolimitación? del Estado, pág. 448
  • 4.2.5. Plazo de prescripción, pág. 451
  • 4.2.6. Comienzo del plazo de prescripción, pág. 452
  • 4.2.7. Fin del plazo de la prescripción, pág. 454
  • 4.2.8. Suspensión del término de la prescripción, pág. 458
  • 4.2.9. Interrupción del término de la prescripción, pág. 461
  • 4.2.9.1. El primer llamado a prestar declaración indagatoria, pág. 461
  • 4.2.9.2. El requerimiento de elevación a juicio, pág. 465
  • 4.2.9.3. El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, pág. 466
  • 4.2.9.4. La sentencia condenatoria, pág. 467
  • 4.2.9.5. La comisión de otro delito como causa de interrupción de la prescripción, pág. 468
  • CAPÍTULO VIII
  • ASPECTOS PROCESALES, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 473
  • 2. Situación procesal de la persona jurídica: necesidad de respetar el derecho de defensa, pág. 474
  • 3. Competencia, pág. 480
  • 4. Representación, pág. 482
  • 5. Notificaciones, pág. 485
  • 6. Rebeldía, pág. 487

  • CAPÍTULO VII
  • EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN PENAL REGULADO POR LA LEY 27.401, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Competencia legislativa en la materia, pág. 423
  • 1.1. Las competencias establecidas por la Constitución Nacional en la materia, pág. 424
  • 1.2. Alcances de la potestad exclusiva del Congreso para legislar en materia penal, pág. 427
  • 2. Carácter público de la acción penal, pág. 432
  • 2.1. El principio de oportunidad, pág. 434
  • 3. Independencia de las acciones, pág. 435
  • 4. Extinción de la acción penal, pág. 436
  • 4.1. Amnistía, pág. 438
  • 4.2. Prescripción, pág. 439
  • 4.2.1. El fundamento material, pág. 439
  • 4.2.2. El fundamento procesal, pág. 442
  • 4.2.3. Fundamento constitucional. La cuestión del plazo razonable, pág. 443
  • 4.2.4. El verdadero fundamento de la prescripción: la ?autolimitación? del Estado, pág. 448
  • 4.2.5. Plazo de prescripción, pág. 451
  • 4.2.6. Comienzo del plazo de prescripción, pág. 452
  • 4.2.7. Fin del plazo de la prescripción, pág. 454
  • 4.2.8. Suspensión del término de la prescripción, pág. 458
  • 4.2.9. Interrupción del término de la prescripción, pág. 461
  • 4.2.9.1. El primer llamado a prestar declaración indagatoria, pág. 461
  • 4.2.9.2. El requerimiento de elevación a juicio, pág. 465
  • 4.2.9.3. El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, pág. 466
  • 4.2.9.4. La sentencia condenatoria, pág. 467
  • 4.2.9.5. La comisión de otro delito como causa de interrupción de la prescripción, pág. 468
  • CAPÍTULO VIII
  • ASPECTOS PROCESALES, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 473
  • 2. Situación procesal de la persona jurídica: necesidad de respetar el derecho de defensa, pág. 474
  • 3. Competencia, pág. 480
  • 4. Representación, pág. 482
  • 5. Notificaciones, pág. 485
  • 6. Rebeldía, pág. 487

  • CAPÍTULO VIII
  • ASPECTOS PROCESALES, por Javier Esteban de la Fuente
  • 1. Introducción, pág. 473
  • 2. Situación procesal de la persona jurídica: necesidad de respetar el derecho de defensa, pág. 474
  • 3. Competencia, pág. 480
  • 4. Representación, pág. 482
  • 5. Notificaciones, pág. 485
  • 6. Rebeldía, pág. 487
  • CAPÍTULO IX
  • ACUERDOS DE COLABORACIÓN EFICAZ, por Sandro Abraldes
  • 1. Introducción, pág. 491
  • 2. Las figuras premiales como elementos de política criminal, pág. 492
  • 3. Los institutos del arrepentido y el informante en la legislación argentina, pág. 493
  • 4. El ?Acuerdo de colaboración eficaz? en la ley 27.401, pág. 495
  • 5. Naturaleza del acuerdo de colaboración, pág. 497
  • 6. Oportunidad procesal para la celebración del acuerdo, pág. 500
  • 7. Contenido del acuerdo, pág. 501
  • 7.1. La colaboración, pág. 503
  • 7.1.1. Utilidad de la información, pág. 504
  • 7.1.2. El beneficio para el colaborador, pág. 505
  • 8. Forma y control del acuerdo, pág. 505
  • 9. Confidencialidad, pág. 508
  • 10. Rechazo del acuerdo, pág. 511
  • 10.1. Excepciones, pág. 512
  • 11. Control de cumplimiento del acuerdo, pág. 513
  • CAPÍTULO X
  • PENAS Y SANCIONES, por Daniel Roque Vítolo, pág. 515
  • 1. Introducción, pág. 516
  • 2. Las penas en la ley 27.401, pág. 522
  • 2.1. La pena única, pág. 522
  • 2.2. La pena de multa, pág. 524
  • 2.3. La pena de suspensión total o parcial de actividades, pág. 534
  • 2.4. La pena de suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, pág. 541
  • 2.5. Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad, pág. 542
  • 2.6. Sociedades de objeto ilícito, pág. 544
  • 2.6.1. Ilicitud originaria e ilicitud sobreviniente, pág. 545
  • 2.6.2. Efectos de la ilicitud en el objeto en relación con los terceros, pág. 546
  • 2.6.3. Efectos de la ilicitud en el objeto en relación con los socios y la sociedad, pág. 547
  • 2.6.4. Liquidación de la sociedad, pág. 549
  • 2.6.5. Responsabilidad, pág. 550
  • 2.6.6. Sociedad de objeto lícito y actividad ilícita, pág. 550
  • 2.6.6.1. Alcances de la actividad ilícita, pág. 552
  • 2.6.6.2. Disolución y liquidación, pág. 553
  • 2.6.6.3. Efectos de la ilicitud en la actividad en relación con los terceros, pág. 553
  • 2.6.6.4. Efectos de la ilicitud en el objeto en relación con los socios y la sociedad, pág. 554
  • 2.6.6.5. Socios de buena fe, pág. 554
  • 2.6.6.6. Liquidación de la sociedad, pág. 555
  • 2.6.6.7. Responsabilidad, pág. 556
  • 2.7. La pena de disolución y liquidación en la ley 27.401, pág. 557
  • 2.8. Alcance de la pena, pág. 560
  • 2.9. Liquidación, pág. 561
  • 2.10. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere, pág. 564
  • 2.11. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica, pág. 565
  • 3. Graduación de la pena, pág. 566
  • 3.1. Los criterios de graduación impuestos por la ley 27.401, pág. 572
  • 3.1.1. El incumplimiento de reglas y procedimientos internos, pág. 574
  • 3.1.2. La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito, pág. 575
  • 3.1.3. La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, pág. 579
  • 3.1.4. La extensión del daño causado, pág. 580
  • 3.1.5. El monto de dinero involucrado en la comisión del delito, pág. 583
  • 3.1.6. El tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica, pág. 583
  • 3.1.7. La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna, pág. 586
  • 3.1.8. El comportamiento posterior, pág. 588
  • 3.1.9. La disposición para mitigar o reparar el daño, pág. 589
  • 4. Reincidencia, pág. 590
  • 5. Exclusión de pena en supuestos especiales, pág. 594
  • 6. Pago de la multa en cuotas, pág. 595
  • 7. Exclusión de la extinción de la pena de multa por pago voluntario, pág. 596
  • 8. Exención de pena, pág. 596
  • 8.1. Régimen y alcances de la exención, pág. 600
  • 8.1.1. Denuncia espontánea del delito, pág. 602
  • 8.1.2. Implementación de un programa de integridad con anterioridad, pág. 604
  • 8.1.3. Devolución del beneficio obtenido, pág. 605
  • 8.2. Exención de penas y sanciones administrativas, pág. 606
  • 8.3. Decomiso, pág. 615
  • 8.3.1. Normas de decomiso aplicables, pág. 620